Apuntes para mis hijos XV

La nueva administración en vista de la aceptación general que tuvo
la ley del 23 de noviembre (1855) se vio en la necesidad de sostenerla y llevarla
a efecto. Se me invitó para que siguiera prestando mis servicios yendo a
Oaxaca a restablecer el orden legal subvertido por las autoridades y
guarnición que habían servido en la administración del general Santa
Anna, que para falsear la revolución habían secundado el plan del general
Carrera y que por último se habían pronunciado contra la Ley sobre
Administración de Justicia que yo había publicado. Tanto por el interés
que yo tenía en la subsistencia de esta ley como porque una autoridad
legítima me llamaba a su servicio, acepté sin vacilación el encargo que se
me daba y a fines de diciembre salí de México con una corta fuerza que
se puso a mis órdenes. Al tocar los límites del estado los disidentes
depusieron toda actitud hostil, ofreciendo reconocer mi autoridad.

El día 10 de enero de 1856 llegué a la capital de Oaxaca y desde
luego me encargué del mando que el general don José María García me
entregó sin resistencia de ninguna clase.

Comencé mi administración levantando y organizando la guardia
nacional y disolviendo la tropa permanente que ahí había quedado porque
aquella clase de fuerza, viciada con los repetidos motines en que jefes
ambiciosos y desmoralizados, como el general Santa Anna, la habían
obligado a tomar parte, no daba ninguna garantía de estricta obediencia a
la autoridad y a la ley y su existencia era una constante amenaza a la
libertad y al orden público. Me propuse conservar la paz del estado con
sólo mi autoridad de gobernador para presentar una prueba de bulto de
que no eran necesarias las comandancias generales cuya extinción había
solicitado el estado años atrás, porque la experiencia había demostrado
que eran no sólo inútiles sino perjudiciales. En efecto, un comandante
general con el mando exclusivo de la fuerza armada e independiente de la
autoridad local, era una entidad que nulificaba completamente la
soberanía del estado, porque a los gobernadores no les era posible tener
una fuerza suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

Eran llamados gobernadores de estados libres, soberanos e independientes; tenían sólo
el nombre, siendo en realidad unos pupilos de los comandantes generales.
Esta organización viciosa de la administración pública fue una de las
causas de los motines militares que con tanta frecuencia se repitieron
durante el imperio de la Constitución de 1824.

Sin embargo, como existían aún las leyes que sancionaban
semejante institución y el gobierno del señor Comonfort a pesar de la
facultad que le daba la revolución no se atrevía a derogarlas, dispuso que
en el estado de Oaxaca continuaran y que yo como gobernador me
encargase también de la comandancia general, que acepté sólo porque no
fuese otro jefe a complicar la situación con sus exigencias, pues tenía la
conciencia de que el gobierno del estado, o sea la autoridad civil, podía
despachar y dirigir este ramo como cualesquiera otros de la
administración pública; pero cuidé de recomendar muy especialmente a
los diputados por el estado al Congreso constituyente, que trabajaran con
particular empeño para que en la nueva Constitución de la república
quedasen extinguidas las comandancias generales.

Como en esta época no se había dado todavía la nueva
Constitución, el gobierno del señor Comonfort, conforme al Plan de
Ayutla, ejercía un poder central y omnímodo que toleraban apenas los
pueblos por la esperanza que tenían de que la representación nacional les
devolvería pronto su soberanía por medio de una Constitución basada
sobre los principios democráticos que la última revolución había
proclamado. El espíritu de libertad que reinaba entonces y que se avivaba
con el recuerdo de la opresión reciente del despotismo de Santa Anna,
hacía sumamente difícil la situación del gobierno para cimentar el orden
público porque necesitaba usar de suma prudencia en sus disposiciones
para reprimir las tentativas de los descontentos, sin herir la
susceptibilidad de los estados con medidas que atacasen o restringiesen
demasiado su libertad.

Sin embargo, el señor Comonfort expidió un
Estatuto Orgánico que centralizaba de tal modo la administración pública
que sometía al cuidado inmediato del poder general hasta los ramos de
simple policía de las municipalidades. Esto causó una alarma general en
los estados.

Las autoridades de Oaxaca representaron contra aquella
medida pidiendo que se suspendiesen sus efectos. No se dio una
resolución categórica a la exposición, pero de hecho no rigió en el estado
el Estatuto que se le quería imponer y el gobierno tuvo la prudencia de no
insistir en su cumplimiento.

Apuntes para mis hijos XIV

Triunfante la revolución (La Revolución de Ayutla), era preciso hacer
efectivas las promesas reformando las leyes que consagraban los abusos
del poder despótico que acababa de desaparecer (el gobierno de Santa Anna).

Las leyes anteriores sobre administración de justicia adolecían de ese
defecto, porque establecían tribunales especiales
para las clases privilegiadas haciendo permanente en la sociedad la
desigualdad que ofendía la justicia, manteniendo en constante agitación
al cuerpo social. No sólo en este ramo, sino en todos los que formaban la
administración pública debía ponerse la mano porque la revolución era
social. Se necesitaba un trabajo más extenso para que la obra saliese
perfecta en lo posible y para ello era indispensable proponer, discutir y
acordar en el seno del gabinete un plan general, lo que no era posible
porque desde la separación del señor Ocampo estaba incompleto el
gabinete y el señor Comonfort, a quien se consideraba como jefe de él,
no estaba conforme con las tendencias y fines de la revolución. Además,
la administración del señor Álvarez era combatida tenazmente
poniéndosele obstáculos de toda especie para desconceptuarla y obligar a
su jefe a abandonar el poder.

Era, pues, muy difícil hacer algo útil en semejantes circunstancias y ésta
es la causa de que las reformas que consigné en la ley de justicia fueran
incompletas, limitándome sólo a extinguir el fuero eclesiástico en el
ramo civil y dejándolo subsistente en materia criminal, a reserva de
dictar más adelante la medida conveniente sobre este particular.

A los militares sólo se les dejó el fuero en los delitos y faltas puramente militares.

Extinguí igualmente todos los demás tribunales especiales, devolviendo
a los comunes el conocimiento de los negocios de que aquellos estaban
encargados.

Concluido mi proyecto de ley, en cuyo trabajo me auxiliaron los
jóvenes oaxaqueños licenciados Manuel Dublán y don Ignacio Mariscal,
lo presenté al señor presidente don Juan Álvarez, que le dio su
aprobación y mandó que se publicara como Ley General sobre
Administración de Justicia. Autorizada por mí se publicó en 23 de
noviembre de 1855.

Imperfecta como era esta ley, se recibió con grande entusiasmo por
el partido progresista; fue la chispa que produjo el incendio de la reforma
que más adelante consumió el carcomido edificio de los abusos y
preocupaciones; fue, en fin, el cartel de desafío que se arrojó a las clases
privilegiadas y que el general Comonfort y todos los demás, que por falta
de convicciones en los principios de la revolución, o por conveniencias
personales, querían detener el curso de aquella transigiendo con las
exigencias del pasado, fueron obligados a sostener arrastrados a su pesar
por el brazo omnipotente de la opinión pública.

Sin embargo, los privilegiados redoblaron sus trabajos para separar
del mando al general Álvarez con la esperanza de que don Ignacio
Comonfort los ampararía en sus pretensiones. Lograron atraerse a don
Manuel Doblado que se pronunció en Guanajuato por el antiguo plan de
Religión y Fueros. Los moderados, en vez de unirse al gobierno para
destruir al nuevo cabecilla de los retrógrados, le hicieron entender al
señor Álvarez que él era la causa de aquel motín porque la opinión
pública lo rechazaba como gobernante, y como el ministro de la Guerra
que debería haber sido su principal apoyo le hablaba también en ese
sentido, tomó la patriótica resolución de entregar el mando al citado don
Ignacio Comonfort en clase de sustituto, no obstante de que contaba aún
con una fuerte división con qué sostenerse en el poder; pero el señor
Álvarez [era] patriota sincero y desinteresado y no quiso que por su causa
se encendiese otra vez la guerra civil en su patria.

Luego que terminó la administración del señor Álvarez con la
separación de este jefe y con la renuncia de los que éramos sus ministros,
el nuevo presidente organizó su gabinete, nombrando para sus ministros,
como era natural a personas del círculo moderado.

En honor de la verdad y de la justicia, debe decirse que en este
círculo había no pocos hombres que sólo por sus simpatías al
general Comonfort, o porque creían de buena fe que este jefe era capaz
de hacer el bien a su país, estaban unidos a él y eran calificados como
moderados, pero en realidad eran partidarios decididos de la
revolución progresista, de lo que han dado pruebas
irrefragables después defendiendo con inteligencia y valor los principios
más avanzados del progreso y de la libertad; así como también había
muchos que aparecían en el partido liberal como los más acérrimos
defensores de los principios de la revolución, pero que después han
cometido las más vergonzosas defecciones pasándose a las filas de los
retrógrados y de los traidores a la patria. Es que unos y otros estaban mal
definidos y se habían equivocado en la elección de sus puestos.

"Apuntes para mis Hijos" Tomo 1 Capitulo 1.

Don Ignacio Comonfort