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domingo, 11 de agosto de 2013

Apuntes para mis hijos XV

La nueva administración en vista de la aceptación general que tuvo
la ley del 23 de noviembre (1855) se vio en la necesidad de sostenerla y llevarla
a efecto. Se me invitó para que siguiera prestando mis servicios yendo a
Oaxaca a restablecer el orden legal subvertido por las autoridades y
guarnición que habían servido en la administración del general Santa
Anna, que para falsear la revolución habían secundado el plan del general
Carrera y que por último se habían pronunciado contra la Ley sobre
Administración de Justicia que yo había publicado. Tanto por el interés
que yo tenía en la subsistencia de esta ley como porque una autoridad
legítima me llamaba a su servicio, acepté sin vacilación el encargo que se
me daba y a fines de diciembre salí de México con una corta fuerza que
se puso a mis órdenes. Al tocar los límites del estado los disidentes
depusieron toda actitud hostil, ofreciendo reconocer mi autoridad.

El día 10 de enero de 1856 llegué a la capital de Oaxaca y desde
luego me encargué del mando que el general don José María García me
entregó sin resistencia de ninguna clase.

Comencé mi administración levantando y organizando la guardia
nacional y disolviendo la tropa permanente que ahí había quedado porque
aquella clase de fuerza, viciada con los repetidos motines en que jefes
ambiciosos y desmoralizados, como el general Santa Anna, la habían
obligado a tomar parte, no daba ninguna garantía de estricta obediencia a
la autoridad y a la ley y su existencia era una constante amenaza a la
libertad y al orden público. Me propuse conservar la paz del estado con
sólo mi autoridad de gobernador para presentar una prueba de bulto de
que no eran necesarias las comandancias generales cuya extinción había
solicitado el estado años atrás, porque la experiencia había demostrado
que eran no sólo inútiles sino perjudiciales. En efecto, un comandante
general con el mando exclusivo de la fuerza armada e independiente de la
autoridad local, era una entidad que nulificaba completamente la
soberanía del estado, porque a los gobernadores no les era posible tener
una fuerza suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

Eran llamados gobernadores de estados libres, soberanos e independientes; tenían sólo
el nombre, siendo en realidad unos pupilos de los comandantes generales.
Esta organización viciosa de la administración pública fue una de las
causas de los motines militares que con tanta frecuencia se repitieron
durante el imperio de la Constitución de 1824.

Sin embargo, como existían aún las leyes que sancionaban
semejante institución y el gobierno del señor Comonfort a pesar de la
facultad que le daba la revolución no se atrevía a derogarlas, dispuso que
en el estado de Oaxaca continuaran y que yo como gobernador me
encargase también de la comandancia general, que acepté sólo porque no
fuese otro jefe a complicar la situación con sus exigencias, pues tenía la
conciencia de que el gobierno del estado, o sea la autoridad civil, podía
despachar y dirigir este ramo como cualesquiera otros de la
administración pública; pero cuidé de recomendar muy especialmente a
los diputados por el estado al Congreso constituyente, que trabajaran con
particular empeño para que en la nueva Constitución de la república
quedasen extinguidas las comandancias generales.

Como en esta época no se había dado todavía la nueva
Constitución, el gobierno del señor Comonfort, conforme al Plan de
Ayutla, ejercía un poder central y omnímodo que toleraban apenas los
pueblos por la esperanza que tenían de que la representación nacional les
devolvería pronto su soberanía por medio de una Constitución basada
sobre los principios democráticos que la última revolución había
proclamado. El espíritu de libertad que reinaba entonces y que se avivaba
con el recuerdo de la opresión reciente del despotismo de Santa Anna,
hacía sumamente difícil la situación del gobierno para cimentar el orden
público porque necesitaba usar de suma prudencia en sus disposiciones
para reprimir las tentativas de los descontentos, sin herir la
susceptibilidad de los estados con medidas que atacasen o restringiesen
demasiado su libertad.

Sin embargo, el señor Comonfort expidió un
Estatuto Orgánico que centralizaba de tal modo la administración pública
que sometía al cuidado inmediato del poder general hasta los ramos de
simple policía de las municipalidades. Esto causó una alarma general en
los estados.

Las autoridades de Oaxaca representaron contra aquella
medida pidiendo que se suspendiesen sus efectos. No se dio una
resolución categórica a la exposición, pero de hecho no rigió en el estado
el Estatuto que se le quería imponer y el gobierno tuvo la prudencia de no
insistir en su cumplimiento.


jueves, 7 de marzo de 2013

Apuntes para mis hijos XI

En agosto del mismo (1847) año llegué a Oaxaca. Los liberales aunque
perseguidos trabajaban con actividad para restablecer el orden legal, y
como para ello los autorizaba la ley, pues existía un decreto que expidió
el Congreso general a moción mía y de mis demás compañeros de la
diputación de Oaxaca reprobando el motín verificado en este estado y
desconociendo a las autoridades establecidas por los revoltosos, no vacilé
en ayudar del modo que me fue posible a los que trabajaban por el
cumplimiento de la ley que ha sido siempre mi espada y mi escudo.


El día 23 de noviembre (1847) logramos realizar con buen éxito un
movimiento contra las autoridades intrusas. Se encargó del gobierno el
presidente de la Corte de Justicia licenciado don Marcos Pérez. Se reunió
la legislatura que me nombró gobernador interino del estado.

El día 29 del mismo mes (noviembre 1847) me encargué del poder [ejecutivo], que
ejercí interinamente hasta el día 12 de agosto de 1848, en que se
renovaron los poderes del estado. Fui reelecto para el segundo periodo
constitucional que concluyó en agosto de 1852, en que entregué el mando
al gobernador interino don Ignacio Mejía. En el año de 1850 murió mi
hija Guadalupe a la edad de dos años, y aunque la ley que prohibía el
enterramiento de los cadáveres en los templos exceptuaba a la familia del
gobernador del estado, no quise hacer uso de esta gracia y yo mismo
llevé el cadáver de mi hija al cementerio de San Miguel, que está situado
a extramuros de la ciudad, para dar ejemplo de obediencia a la ley que las
[prerrogativas] nulificaban con perjuicio de la salubridad pública. Desde
entonces, con este ejemplo y con la energía que usé para evitar los
entierros en las iglesias, quedó establecida definitivamente la práctica de
sepultarse los cadáveres fuera de la población en Oaxaca.

Luego que en 1852 dejé de ser gobernador del estado se me
nombró director del Instituto de Ciencias y Artes y a la vez catedrático de
derecho civil.
















"Apuntes para mis hijos" Tomo 1, Capítulo 1.

sábado, 19 de enero de 2013

Apuntes para mis hijos VII


Revocada la orden de mi confinamiento volví a Oaxaca y me
dediqué al ejercicio de mi profesión. Se hallaba todavía el clero en pleno
goce de sus fueros y prerrogativas y su alianza estrecha con el poder civil
le daba una influencia casi omnipotente. El fuero que lo sustraía de la
jurisdicción de los tribunales comunes le servía de escudo contra la ley y
de salvoconducto para entregarse impunemente a todos los excesos y a
todas las injusticias. Los aranceles de los derechos parroquiales eran letra
muerta.

El pago de las obvenciones se regulaba según la voluntad
codiciosa de los curas. Había sin embargo algunos eclesiásticos probos y
honrados que se limitaban a cobrar lo justo y sin sacrificar a los fieles;
pero eran muy raros estos hombres verdaderamente evangélicos, cuyo
ejemplo lejos de retraer de sus abusos a los malos era motivo para que los
censurasen diciéndoles que "mal enseñaban a los pueblos y echaban a
perder los curatos". Entretanto, los ciudadanos gemían en la opresión y
en la miseria, porque el fruto de su trabajo, su tiempo y su servicio
personal todo, estaba consagrado a satisfacer la insaciable codicia de sus
llamados pastores. Si ocurrían a pedir justicia muy raras veces se les oía
y comúnmente recibían por única contestación el desprecio o la prisión.
Yo he sido testigo y víctima de una de estas injusticias.


Los vecinos del pueblo de Loxicha ocurrieron a mí para que elevase sus quejas e hiciese
valer sus derechos ante el tribunal eclesiástico contra su cura que les
exigía las obvenciones y servicios personales sin sujetarse a los
aranceles. Convencido de la injusticia de sus quejas por la relación que
de ellas me hicieron y por los documentos que me mostraron, me
presenté al tribunal o provisorato, como se le llamaba. Sin duda, por mi
carácter de diputado y porque entonces regía en el estado una
administración liberal, pues esto pasaba a principios del año de 1834, fue
atendida mi solicitud y se dio orden al cura para que se presentara a
contestar los cargos que se le hacían, previniéndosele que no volviera a la
parroquia hasta que no terminase el juicio que contra él se promovía;
pero desgraciadamente a los pocos meses cayó aquella administración,
como he dicho antes, y el clero, que había trabajado por el cambio,
volvió con más audacia y sin menos miramientos a la sociedad y a su
propio decoro, a ejercer su funesta influencia en favor de sus intereses
bastardos.

El juez eclesiástico, sin que terminara el juicio que yo había
promovido contra el cura de Loxicha, sin respetar sus propias decisiones
y sin audiencia de los quejosos, dispuso de plano que el acusado volviera
a su curato. Luego que aquel llegó al pueblo de Loxicha mandó prender a
todos los que habían representado contra él y de acuerdo con el prefecto
y con el juez del partido, los puso en la cárcel con prohibición de que
hablarán con nadie. Obtuvo órdenes de las autoridades de la capital para

que fuesen aprehendidos y reducidos a prisión los vecinos del citado
pueblo que fueron a la ciudad a verme, o a buscar otro abogado que los
patrocinase.


















"Apuntes para mis hijos" Tomo 1.